Laura Becerra Pozos*
La democracia en el contexto de la globalización1
La crisis de representación de los partidos políticos, los procesos de liberalización de la economía, la descentralización de las empresas, la globalización de las crisis internacionales, los procesos ecológicos y de género, implican a la vez la entrada en juego de organismos multilaterales, empresas transnacionales y organizaciones de la sociedad civil para reconfigurar los espacios nacionales, regionales y locales.
La característica de representación de los organismos internacionales se define por el poder financiero y por los aportes de este tipo de los países y no a través del sistema de votos y representantes. En este sentido (como dice Monbiot George activista de movimientos sociales internacionales), es necesario pasar de la “era de la coerción” a una “era del consenso”. Esta idea de la democracia global está centrada en una serie de hombres de las naciones más ricas y de ricos de todos los países que emplean los poderes globales para decidir como debe vivir el resto del mundo.
En el caso de los países de América este proceso hay que ubicarlo en una doble perspectiva. Por un lado, está aquella que condensa las aspiraciones de liberación social y de participación política de múltiples actores excluidos (de clase, etnia, género, generacional, entre otros) que ubican a la democracia como una forma de vida en la que se respeten la integralidad de los derechos de la humanidad. De otro lado, está la perspectiva que entiende la democratización como un aspecto del proceso de liberalización de la economía y de integración subordinada que, desde fines de los setenta, implantó la primera generación de “reformas estructurales” (apertura de mercados) por la vía del autoritarismo y que en los ochenta y noventa pretendió evitar los costos sociales del autoritarismo a través de la implantación de las “reformas estructurales” de segunda generación (adaptación del trabajo, gobierno y organización social al mercado), a través de una democracia restringida a los aspectos procedimentales.
En términos generales, se constituye una forma histórica de democracia, globalizada en sus decisiones, en una creciente integración al bloque del norte y en ruptura con América Latina, altamente penetrada por las oligarquías y que tiene cierta estabilidad cuando reposa en partidos o coaliciones de partidos de derecha con capacidad para crear consensos. El Estado nación descansa en un nuevo bloque de fuerzas: América del Norte, oligarquías globales, clases medias, hegemonía empresarial, predominio del centro político, organizaciones sociales integradas. Ese nuevo bloque de fuerzas le imprime a la política un rumbo, una hegemonía, hasta ahora indisputada. Se dibuja entonces una democracia con dificultades para representar y equilibrar a la pluralidad social y que responde básicamente a los grupos de poder y a una clase política que monopoliza la política.
Situación actual de la democracia en el contexto nacional
La coyuntura electoral en México en 2006 tiene una gran importancia no sólo porque ocurre en medio de un proceso de transición en diversos países de América Latina, bajo el supuesto de que “la izquierda” está ganando terreno, sino también porque las elecciones últimas en nuestro país (2000) fueron más bien plebiscitarias, pues para un alto porcentaje de la ciudadanía se trataba de sacar al PRI del gobierno (¡NO al Partido enquistado en el poder por más de 70 años!), más que elegir al mejor candidato.
Lo que hoy se juega es la prueba de las instituciones y una competencia efectiva entre partidos, aun cuando las preferencias electorales puedan reducir esa competencia real a sólo dos de ellos (PRD y PAN). Aunque hasta ahora no se consigue un debate de fondo sobre los proyectos de nación de los candidatos, lo que ofrecen y plantean no significa o implica, en ningún caso, una refundación del país.
Los temas sustanciales ligados a la reforma del Estado o las llamadas reformas estructurales, a los asuntos polémicos como el enfoque de la diversidad, el aborto y otros planteados por las organizaciones de mujeres, así como lo relacionado con la apertura comercial y de inversiones, que implica las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, no se enfrentan en las campañas electorales. Al parecer, hay una clara intención de no profundizar o comprometerse al punto que se resten votos. Hay que tener presente que aún hay poco más de cinco millones de votantes indecisos(as) que pueden hacer la diferencia en los resultados finales en la votación de julio.
En este proceso electoral hay dos momentos: el previo que llega hasta julio, que debiera ser de definición de propuestas y programas, con una determinada orientación para convencer a los sectores que aun no definen su voto, y el segundo y definitivo, que irá de julio a diciembre donde nos quedará en claro qué tipo de economía y de Estado tendremos en los siguientes seis años. En cuanto a la economía, el principal problema es el alto grado de concertación oligopólica versus distribución de la riqueza; en cuanto a el Estado, los grandes temas son la gobernabilidad del sistema y el grado de intervención del Estado en materia social.
El proceso de electoral en México se da en un contexto caracterizado por:
a) déficit en el gobierno del cambio
El gobierno de Fox se ha distinguido por la falta de consenso en las acciones que ha impulsado y sus faltas por omisión. Ha sido incapaz de lograr un acuerdo nacional para hacer frente a los problemas económicos y de democracia, a pesar de que eso era lo mínimo que se esperaba. No hay signos de unidad nacional, estamos ante un gobierno desestructurado, lo que de otro lado ha permitido el fortalecimiento de los cacicazgos locales y de los poderes no reconocidos, incluyendo mafias, cárteles de droga, entre otros.
En estos años del nuevo gobierno predominó el escándalo y el conflicto en la política nacional, en el marco de una sucesión presidencial adelantada, que significa la subordinación de la vida política a la lucha por el poder. Nos encontramos frente a una “transición democrática” estancada bajo un gobierno del cambio que no consiguió dar pasos sólidos para avanzar.
b) Falta de consistencia en la relación entre poderes
A pesar de los logros en la democracia representativa, con una correlación distinta en el Congreso y el Poder Judicial, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo estuvieron generalmente en una tensión constante. Faltó consistencia y no se consiguió la autonomía de cada uno como se había prometido, por tanto, no hay credibilidad y legitimidad de los tres poderes. No fueron posibles los consensos de las fuerzas políticas y sociales para aprobar las iniciativas de ley y los cambios estructurales.
c) Deficiencia institucional en el sistema de representación
En el mejor de los casos, el gobierno de Vicente Fox significó una transición a medias, con énfasis en el plano procedimental y con notables deficiencias: una institucionalidad democrática débil, procesos electorales con pluralidad y competitividad, con cierta transparencia y legitimidad en resultados, pero con campañas políticas vacías de contenido e irregularidades en gastos y procedimientos. Vivimos la intromisión de dinero sucio en la política.
La reforma política no consiguió los avances que representantes de la sociedad civil demandaron, particularmente, en cuanto al monto de los gastos de campaña. La desconfianza y desencanto de la ciudadanía ante una clase política poco sensible a sus críticas y propuestas es el escenario que, muy probablemente, favorecerá el alto el abstencionismo electoral, se abandona o no se cree en la participación ciudadana en los asuntos públicos y buena parte de la sociedad vive en la incertidumbre.
Tenemos un sistema de partidos cada vez más disfuncional, despegado de la sociedad, desprovisto de su función real de representación ciudadana y centrado en la lucha por los poderes.
La política está monopolizada por los partidos, se negocian los intereses, hay un distanciamiento de las agendas sociales y no hay credibilidad en las instituciones como representantes del interés general, sino de grupos y partidos.
d) Fortalecimiento de una democracia consociativa
Somos una sociedad gobernada por élites que están por encima de las instituciones y de la sociedad. Con una “democracia” controlada por los grandes grupos de poder que utilizan la institucionalidad y la maquinaria democrática para sus intereses particulares y con instituciones políticas débiles, rebasadas por los actores y los procesos sociales.
Hay una división cada vez más tajante entre los profesionales de la política y la ciudadanía; respecto a la toma de decisiones, nos enfrentaos a la parálisis de diversas iniciativas que apuntan a una reforma estructural de las instituciones, sumada al despojo, cada vez más voraz, de los medios de supervivencia de una inmensa mayoría, lo que es muestra de una profunda crisis de la sociedad, cuyo signo más claro es la concentración del poder político y económico.
No hay indicios de construcción de una democracia incluyente, de expansión de derechos de ciudadanía o de políticas redistributivas; en cambio, hay una restricción de los espacios de participación y de inclusión.
De esta manera, la democracia actual tiene en realidad dos impulsos trabados, el consociativo y el de la democracia radical. En momentos de crisis política y ante el hastío social por una política irresponsable y corrupta emerge la posibilidad de una agenda pendiente para ciudadanizar y controlar la distancia entre gobernantes y gobernados en la democracia representativa.
Algunos analistas piensan que si, bien, con Vicente Fox fue acotándose el presidencialismo, su ausencia y omisiones han dejado un vacío de poder que ha fortalecido los poderes fácticos (narcotráfico, crimen organizado).
La agenda de la sociedad civil
a) En el contexto de la globalización
La redefinición de los nuevos espacios nacionales no alcanza para resolver los procesos democráticos que se encuentran condicionados fuertemente por los procesos internacionales. En América Latina, algunos gobiernos nacionales, Brasil, Argentina y Venezuela, por solo mencionar algunos, se ven permanentemente presionados por esta situación, sin tener todavía propuestas acabadas en el nuevo contexto espacial en el que se mueve la democracia.
La acción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el contexto internacional se divide en dos grandes corrientes: por una parte, las OSC globales cuya agenda está centrada en el control sobre los gobiernos en temas como la transparencia y el apego a las normas (Transparencia Internacional) que, en general, se adhieren al modelo liberal pero que ponen el énfasis en estos temas y por lo tanto en presionar a los gobiernos (por lo general de países menos desarrollados).
El otro gran eje es el que se articula en torno del Foro Social Mundial, cuyo tema central es el cuestionamiento al modelo neoliberal desde distintas perspectivas: los sin tierra, los desocupados, el ecologismo, en general, los altermundistas. Tienen un objetivo común, que es la lucha contra la globalización neoliberal y sus instituciones como el G-7, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional.
Frente a esta perspectiva, los movimientos sociales internacionales y algunos sectores políticos plantean las siguientes propuestas:
-Un parlamento mundialmente elegido.
-Una asamblea general de la ONU democratizada.
-Unión Internacional de compensación, que resuelva el problema del déficit comercial e impida la acumulación de la deuda.
-Una organización del comercio justo o una total negativa al libre comercio.
-Una propuesta de impuestos con tasas al capital financiero.
-Apoyo a los tratados de control del medio ambiente y otros afines.
-Armonización de instrumentos internacionales.
b) En el contexto nacional
La coyuntura electoral ha favorecido la expresión de diversas fuerzas organizadas en redes o espacios de articulación que se proponen hacer contrapeso al vacío o escaso contenido de las campañas políticas, pero, sobre todo, para colocar su punto de vista, propuestas, demandas o agenda sobre los cambios que México necesita.
Se han multiplicado las coaliciones, redes y plataformas civiles –de distintas posiciones y signo político– que aún no logran ser reconocidas o escuchadas con seriedad y compromiso como interlocutoras válidas para la construcción del poder y la gobernabilidad.
Un ejemplo notable de la conflictividad social y política es la acción y presencia del EZLN que ha cuestionado el modelo de crecimiento, la democracia representativa, a la vez que es un reflejo de la ausencia de paz en nuestro país.
Por lo tanto, el actual mapa político de México está marcado por diversas dinámicas e iniciativas, muchas de ellas polarizadas entre sí: las de la sociedad política, en torno de lo electoral; las de fondo, en torno a la reforma del Estado, las de diversos frentes e iniciativas con un proyecto de nación y también “la otra campaña” del EZLN.
La izquierda en general y, particularmente, el PRD no logró evitar su propio divorcio con el movimiento social y, a pesar de haber avanzado en el terreno electoral, no cuenta con una gran base social; no ha desarrollado suficientemente su capacidad de gobierno alternativo. Lo notable hoy es que cuenta con un candidato a la presidencia con alta aceptación, quien es más fuerte que el conjunto de las capacidades partidarias.
Con la alternancia política, en las OCS se manifestó desmovilización y expectación. Se dio un desplazamiento de líderes y miembros de OSC al sistema político y a puestos de gobierno, trayendo como consecuencia el descabezamiento de varias organizaciones y movimientos. La nueva realidad en el país generó el desdibujamiento, así como transformaciones importantes en la identidad de los actores. Se observa un déficit o escasa visibilidad de sujetos innovadores interesados en generar Estado y desarrollar capacidades para controlarlo.
La coyuntura electoral, por tanto, es estratégica e importante por todos los eventos, iniciativas y procesos que sucederán a lo largo de ella.
Algunos sugieren que hoy deben buscarse consensos en torno a un programa para México, incluyente y con una visión o enfoque de ejercicio de los derechos humanos para todos y todas. Otros, sin embargo, consideran que debido a las diferentes posiciones-ideologías, algunas de ellas muy polarizadas, que caracterizan a las distintas posiciones de grupos, coaliciones o pactos, no podrá haber una sola expresión o agenda común.
Principales ejes de las propuestas y demandas
de las OSC
De los esfuerzos de articulación mencionados, la Coalición Ciudadana ha logrado integrar una iniciativa: el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad para la Transición Democrática con Justicia y Equidad que está proponiendo a las y los candidatos del ejecutivo y el legislativo un conjunto de demandas y enfoques que deberían ser considerados por el nuevo gobierno.
Un bloque se concentra en el proceso electoral, en el entendido de que debieran tomarse algunas medidas para garantizar una buena contienda: fortalecimiento de las funciones y atribuciones de fiscalización del Instituto Federal Electoral, y pasadas las elecciones, la tarea inmediata de la nueva legislatura (LX) sería impulsar una serie de enmiendas y modificaciones a la ley, referidas a los gastos y tiempos de campaña, candidaturas independientes, entre otras.
Hay una importante coincidencia también en la reforma del Estado como condición para construir las nuevas formas de gobierno y redefinir la relación entre el gobierno y la sociedad, para lo que hace falta fortalecer, actualizar y modernizar sus instituciones. La reforma integral y democrática del Estado robustecerá el carácter laico y el sentido social del mismo, a partir de la reformulación de la estructura existente del poder y de la instrumentación de políticas que fomenten la inclusión social y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Es preciso que el nuevo régimen político surja del más amplio consenso y pueda derogar las prácticas autoritarias y corporativas, armonizar las instituciones del Estado, democratizar los canales de participación, permitiendo la intervención de la sociedad en la definición de las políticas públicas e instalar un verdadero Estado de derecho.
Para la Coalición, la reforma del Estado implica, necesariamente, transformaciones en los siguientes temas:
-Construcción del Estado democrático, laico e incluyente.
-Derechos humanos, seguridad y justicia.
-Federalismo, municipios (Acuerdos de San Andrés y Convenio 169 de la OIT).
-Política exterior de Estado.
-Sociedad del conocimiento.
-Igualdad y equidad de oportunidades.
Hace falta una reforma social de la economía que propicie el desarrollo, sustentabilidad, equidad y competitividad de la economía nacional, generando empleos formales con plenos derechos y reformar la política salarial, que permita mejorar el nivel de vida de la población. Debe modificarse la actual tendencia de la política económica que propicia la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Debe revisarse el tema de los energéticos, de promoción del sector agropecuario y pesquero, el problema de la deuda y proponerse la reactivación del mercado interno, entre muchos otros temas.
Es deseable recuperar la función social del Estado e ir propiciando el incremento progresivo de las partidas presupuestales para el desarrollo social en aspectos tan importantes como la salud, la seguridad social y la educación. Por la pobreza en que viven amplios sectores de mujeres, adultos mayores y jóvenes, se requiere de políticas y acciones afirmativas, así como asignación de fondos compensatorios. Particularmente, es fundamental revisar el enfoque de la política social vigente y definir cuál será la del nuevo gobierno.
Aquí no se acaban los planteamientos que han logrado consensar organizaciones sociales y civiles, sólo se destacan aquellas que parecen las centrales para ser tomadas en cuenta y, principalmente, para ser debatidas con los grupos y organizaciones ciudadanas o civiles que están convencidas de su derecho a proponer y ser parte de las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.
Es fundamental que quienes asuman cargos públicos, gracias a la voluntad popular, acepten que hay que cambiar los estilos en la toma decisiones y que hoy se debe gobernar con el conjunto de la sociedad.
* La autora es parte de DECA, Equipo Pueblo. Este trabajo fue realizado con base en la ponencia presentada en el Seminario Democracia y Desarrollo de la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil (REMISOC), noviembre de 2005.
1 Entendida como nueva configuración espacial de los procesos políticos, económicos, sociales, que han redefinido no sólo el espacio mundial sino también los espacios y procesos nacionales, regionales y locales. En este sentido, abordar el tema de la democracia en México presupone abordar el tema de la democracia global.
La característica de representación de los organismos internacionales se define por el poder financiero y por los aportes de este tipo de los países y no a través del sistema de votos y representantes. En este sentido (como dice Monbiot George activista de movimientos sociales internacionales), es necesario pasar de la “era de la coerción” a una “era del consenso”. Esta idea de la democracia global está centrada en una serie de hombres de las naciones más ricas y de ricos de todos los países que emplean los poderes globales para decidir como debe vivir el resto del mundo.
En el caso de los países de América este proceso hay que ubicarlo en una doble perspectiva. Por un lado, está aquella que condensa las aspiraciones de liberación social y de participación política de múltiples actores excluidos (de clase, etnia, género, generacional, entre otros) que ubican a la democracia como una forma de vida en la que se respeten la integralidad de los derechos de la humanidad. De otro lado, está la perspectiva que entiende la democratización como un aspecto del proceso de liberalización de la economía y de integración subordinada que, desde fines de los setenta, implantó la primera generación de “reformas estructurales” (apertura de mercados) por la vía del autoritarismo y que en los ochenta y noventa pretendió evitar los costos sociales del autoritarismo a través de la implantación de las “reformas estructurales” de segunda generación (adaptación del trabajo, gobierno y organización social al mercado), a través de una democracia restringida a los aspectos procedimentales.
En términos generales, se constituye una forma histórica de democracia, globalizada en sus decisiones, en una creciente integración al bloque del norte y en ruptura con América Latina, altamente penetrada por las oligarquías y que tiene cierta estabilidad cuando reposa en partidos o coaliciones de partidos de derecha con capacidad para crear consensos. El Estado nación descansa en un nuevo bloque de fuerzas: América del Norte, oligarquías globales, clases medias, hegemonía empresarial, predominio del centro político, organizaciones sociales integradas. Ese nuevo bloque de fuerzas le imprime a la política un rumbo, una hegemonía, hasta ahora indisputada. Se dibuja entonces una democracia con dificultades para representar y equilibrar a la pluralidad social y que responde básicamente a los grupos de poder y a una clase política que monopoliza la política.
Situación actual de la democracia en el contexto nacional
La coyuntura electoral en México en 2006 tiene una gran importancia no sólo porque ocurre en medio de un proceso de transición en diversos países de América Latina, bajo el supuesto de que “la izquierda” está ganando terreno, sino también porque las elecciones últimas en nuestro país (2000) fueron más bien plebiscitarias, pues para un alto porcentaje de la ciudadanía se trataba de sacar al PRI del gobierno (¡NO al Partido enquistado en el poder por más de 70 años!), más que elegir al mejor candidato.
Lo que hoy se juega es la prueba de las instituciones y una competencia efectiva entre partidos, aun cuando las preferencias electorales puedan reducir esa competencia real a sólo dos de ellos (PRD y PAN). Aunque hasta ahora no se consigue un debate de fondo sobre los proyectos de nación de los candidatos, lo que ofrecen y plantean no significa o implica, en ningún caso, una refundación del país.
Los temas sustanciales ligados a la reforma del Estado o las llamadas reformas estructurales, a los asuntos polémicos como el enfoque de la diversidad, el aborto y otros planteados por las organizaciones de mujeres, así como lo relacionado con la apertura comercial y de inversiones, que implica las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, no se enfrentan en las campañas electorales. Al parecer, hay una clara intención de no profundizar o comprometerse al punto que se resten votos. Hay que tener presente que aún hay poco más de cinco millones de votantes indecisos(as) que pueden hacer la diferencia en los resultados finales en la votación de julio.
En este proceso electoral hay dos momentos: el previo que llega hasta julio, que debiera ser de definición de propuestas y programas, con una determinada orientación para convencer a los sectores que aun no definen su voto, y el segundo y definitivo, que irá de julio a diciembre donde nos quedará en claro qué tipo de economía y de Estado tendremos en los siguientes seis años. En cuanto a la economía, el principal problema es el alto grado de concertación oligopólica versus distribución de la riqueza; en cuanto a el Estado, los grandes temas son la gobernabilidad del sistema y el grado de intervención del Estado en materia social.
El proceso de electoral en México se da en un contexto caracterizado por:
a) déficit en el gobierno del cambio
El gobierno de Fox se ha distinguido por la falta de consenso en las acciones que ha impulsado y sus faltas por omisión. Ha sido incapaz de lograr un acuerdo nacional para hacer frente a los problemas económicos y de democracia, a pesar de que eso era lo mínimo que se esperaba. No hay signos de unidad nacional, estamos ante un gobierno desestructurado, lo que de otro lado ha permitido el fortalecimiento de los cacicazgos locales y de los poderes no reconocidos, incluyendo mafias, cárteles de droga, entre otros.
En estos años del nuevo gobierno predominó el escándalo y el conflicto en la política nacional, en el marco de una sucesión presidencial adelantada, que significa la subordinación de la vida política a la lucha por el poder. Nos encontramos frente a una “transición democrática” estancada bajo un gobierno del cambio que no consiguió dar pasos sólidos para avanzar.
b) Falta de consistencia en la relación entre poderes
A pesar de los logros en la democracia representativa, con una correlación distinta en el Congreso y el Poder Judicial, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo estuvieron generalmente en una tensión constante. Faltó consistencia y no se consiguió la autonomía de cada uno como se había prometido, por tanto, no hay credibilidad y legitimidad de los tres poderes. No fueron posibles los consensos de las fuerzas políticas y sociales para aprobar las iniciativas de ley y los cambios estructurales.
c) Deficiencia institucional en el sistema de representación
En el mejor de los casos, el gobierno de Vicente Fox significó una transición a medias, con énfasis en el plano procedimental y con notables deficiencias: una institucionalidad democrática débil, procesos electorales con pluralidad y competitividad, con cierta transparencia y legitimidad en resultados, pero con campañas políticas vacías de contenido e irregularidades en gastos y procedimientos. Vivimos la intromisión de dinero sucio en la política.
La reforma política no consiguió los avances que representantes de la sociedad civil demandaron, particularmente, en cuanto al monto de los gastos de campaña. La desconfianza y desencanto de la ciudadanía ante una clase política poco sensible a sus críticas y propuestas es el escenario que, muy probablemente, favorecerá el alto el abstencionismo electoral, se abandona o no se cree en la participación ciudadana en los asuntos públicos y buena parte de la sociedad vive en la incertidumbre.
Tenemos un sistema de partidos cada vez más disfuncional, despegado de la sociedad, desprovisto de su función real de representación ciudadana y centrado en la lucha por los poderes.
La política está monopolizada por los partidos, se negocian los intereses, hay un distanciamiento de las agendas sociales y no hay credibilidad en las instituciones como representantes del interés general, sino de grupos y partidos.
d) Fortalecimiento de una democracia consociativa
Somos una sociedad gobernada por élites que están por encima de las instituciones y de la sociedad. Con una “democracia” controlada por los grandes grupos de poder que utilizan la institucionalidad y la maquinaria democrática para sus intereses particulares y con instituciones políticas débiles, rebasadas por los actores y los procesos sociales.
Hay una división cada vez más tajante entre los profesionales de la política y la ciudadanía; respecto a la toma de decisiones, nos enfrentaos a la parálisis de diversas iniciativas que apuntan a una reforma estructural de las instituciones, sumada al despojo, cada vez más voraz, de los medios de supervivencia de una inmensa mayoría, lo que es muestra de una profunda crisis de la sociedad, cuyo signo más claro es la concentración del poder político y económico.
No hay indicios de construcción de una democracia incluyente, de expansión de derechos de ciudadanía o de políticas redistributivas; en cambio, hay una restricción de los espacios de participación y de inclusión.
De esta manera, la democracia actual tiene en realidad dos impulsos trabados, el consociativo y el de la democracia radical. En momentos de crisis política y ante el hastío social por una política irresponsable y corrupta emerge la posibilidad de una agenda pendiente para ciudadanizar y controlar la distancia entre gobernantes y gobernados en la democracia representativa.
Algunos analistas piensan que si, bien, con Vicente Fox fue acotándose el presidencialismo, su ausencia y omisiones han dejado un vacío de poder que ha fortalecido los poderes fácticos (narcotráfico, crimen organizado).
La agenda de la sociedad civil
a) En el contexto de la globalización
La redefinición de los nuevos espacios nacionales no alcanza para resolver los procesos democráticos que se encuentran condicionados fuertemente por los procesos internacionales. En América Latina, algunos gobiernos nacionales, Brasil, Argentina y Venezuela, por solo mencionar algunos, se ven permanentemente presionados por esta situación, sin tener todavía propuestas acabadas en el nuevo contexto espacial en el que se mueve la democracia.
La acción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el contexto internacional se divide en dos grandes corrientes: por una parte, las OSC globales cuya agenda está centrada en el control sobre los gobiernos en temas como la transparencia y el apego a las normas (Transparencia Internacional) que, en general, se adhieren al modelo liberal pero que ponen el énfasis en estos temas y por lo tanto en presionar a los gobiernos (por lo general de países menos desarrollados).
El otro gran eje es el que se articula en torno del Foro Social Mundial, cuyo tema central es el cuestionamiento al modelo neoliberal desde distintas perspectivas: los sin tierra, los desocupados, el ecologismo, en general, los altermundistas. Tienen un objetivo común, que es la lucha contra la globalización neoliberal y sus instituciones como el G-7, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional.
Frente a esta perspectiva, los movimientos sociales internacionales y algunos sectores políticos plantean las siguientes propuestas:
-Un parlamento mundialmente elegido.
-Una asamblea general de la ONU democratizada.
-Unión Internacional de compensación, que resuelva el problema del déficit comercial e impida la acumulación de la deuda.
-Una organización del comercio justo o una total negativa al libre comercio.
-Una propuesta de impuestos con tasas al capital financiero.
-Apoyo a los tratados de control del medio ambiente y otros afines.
-Armonización de instrumentos internacionales.
b) En el contexto nacional
La coyuntura electoral ha favorecido la expresión de diversas fuerzas organizadas en redes o espacios de articulación que se proponen hacer contrapeso al vacío o escaso contenido de las campañas políticas, pero, sobre todo, para colocar su punto de vista, propuestas, demandas o agenda sobre los cambios que México necesita.
Se han multiplicado las coaliciones, redes y plataformas civiles –de distintas posiciones y signo político– que aún no logran ser reconocidas o escuchadas con seriedad y compromiso como interlocutoras válidas para la construcción del poder y la gobernabilidad.
Un ejemplo notable de la conflictividad social y política es la acción y presencia del EZLN que ha cuestionado el modelo de crecimiento, la democracia representativa, a la vez que es un reflejo de la ausencia de paz en nuestro país.
Por lo tanto, el actual mapa político de México está marcado por diversas dinámicas e iniciativas, muchas de ellas polarizadas entre sí: las de la sociedad política, en torno de lo electoral; las de fondo, en torno a la reforma del Estado, las de diversos frentes e iniciativas con un proyecto de nación y también “la otra campaña” del EZLN.
La izquierda en general y, particularmente, el PRD no logró evitar su propio divorcio con el movimiento social y, a pesar de haber avanzado en el terreno electoral, no cuenta con una gran base social; no ha desarrollado suficientemente su capacidad de gobierno alternativo. Lo notable hoy es que cuenta con un candidato a la presidencia con alta aceptación, quien es más fuerte que el conjunto de las capacidades partidarias.
Con la alternancia política, en las OCS se manifestó desmovilización y expectación. Se dio un desplazamiento de líderes y miembros de OSC al sistema político y a puestos de gobierno, trayendo como consecuencia el descabezamiento de varias organizaciones y movimientos. La nueva realidad en el país generó el desdibujamiento, así como transformaciones importantes en la identidad de los actores. Se observa un déficit o escasa visibilidad de sujetos innovadores interesados en generar Estado y desarrollar capacidades para controlarlo.
La coyuntura electoral, por tanto, es estratégica e importante por todos los eventos, iniciativas y procesos que sucederán a lo largo de ella.
Algunos sugieren que hoy deben buscarse consensos en torno a un programa para México, incluyente y con una visión o enfoque de ejercicio de los derechos humanos para todos y todas. Otros, sin embargo, consideran que debido a las diferentes posiciones-ideologías, algunas de ellas muy polarizadas, que caracterizan a las distintas posiciones de grupos, coaliciones o pactos, no podrá haber una sola expresión o agenda común.
Principales ejes de las propuestas y demandas
de las OSC
De los esfuerzos de articulación mencionados, la Coalición Ciudadana ha logrado integrar una iniciativa: el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad para la Transición Democrática con Justicia y Equidad que está proponiendo a las y los candidatos del ejecutivo y el legislativo un conjunto de demandas y enfoques que deberían ser considerados por el nuevo gobierno.
Un bloque se concentra en el proceso electoral, en el entendido de que debieran tomarse algunas medidas para garantizar una buena contienda: fortalecimiento de las funciones y atribuciones de fiscalización del Instituto Federal Electoral, y pasadas las elecciones, la tarea inmediata de la nueva legislatura (LX) sería impulsar una serie de enmiendas y modificaciones a la ley, referidas a los gastos y tiempos de campaña, candidaturas independientes, entre otras.
Hay una importante coincidencia también en la reforma del Estado como condición para construir las nuevas formas de gobierno y redefinir la relación entre el gobierno y la sociedad, para lo que hace falta fortalecer, actualizar y modernizar sus instituciones. La reforma integral y democrática del Estado robustecerá el carácter laico y el sentido social del mismo, a partir de la reformulación de la estructura existente del poder y de la instrumentación de políticas que fomenten la inclusión social y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Es preciso que el nuevo régimen político surja del más amplio consenso y pueda derogar las prácticas autoritarias y corporativas, armonizar las instituciones del Estado, democratizar los canales de participación, permitiendo la intervención de la sociedad en la definición de las políticas públicas e instalar un verdadero Estado de derecho.
Para la Coalición, la reforma del Estado implica, necesariamente, transformaciones en los siguientes temas:
-Construcción del Estado democrático, laico e incluyente.
-Derechos humanos, seguridad y justicia.
-Federalismo, municipios (Acuerdos de San Andrés y Convenio 169 de la OIT).
-Política exterior de Estado.
-Sociedad del conocimiento.
-Igualdad y equidad de oportunidades.
Hace falta una reforma social de la economía que propicie el desarrollo, sustentabilidad, equidad y competitividad de la economía nacional, generando empleos formales con plenos derechos y reformar la política salarial, que permita mejorar el nivel de vida de la población. Debe modificarse la actual tendencia de la política económica que propicia la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Debe revisarse el tema de los energéticos, de promoción del sector agropecuario y pesquero, el problema de la deuda y proponerse la reactivación del mercado interno, entre muchos otros temas.
Es deseable recuperar la función social del Estado e ir propiciando el incremento progresivo de las partidas presupuestales para el desarrollo social en aspectos tan importantes como la salud, la seguridad social y la educación. Por la pobreza en que viven amplios sectores de mujeres, adultos mayores y jóvenes, se requiere de políticas y acciones afirmativas, así como asignación de fondos compensatorios. Particularmente, es fundamental revisar el enfoque de la política social vigente y definir cuál será la del nuevo gobierno.
Aquí no se acaban los planteamientos que han logrado consensar organizaciones sociales y civiles, sólo se destacan aquellas que parecen las centrales para ser tomadas en cuenta y, principalmente, para ser debatidas con los grupos y organizaciones ciudadanas o civiles que están convencidas de su derecho a proponer y ser parte de las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.
Es fundamental que quienes asuman cargos públicos, gracias a la voluntad popular, acepten que hay que cambiar los estilos en la toma decisiones y que hoy se debe gobernar con el conjunto de la sociedad.
* La autora es parte de DECA, Equipo Pueblo. Este trabajo fue realizado con base en la ponencia presentada en el Seminario Democracia y Desarrollo de la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil (REMISOC), noviembre de 2005.
1 Entendida como nueva configuración espacial de los procesos políticos, económicos, sociales, que han redefinido no sólo el espacio mundial sino también los espacios y procesos nacionales, regionales y locales. En este sentido, abordar el tema de la democracia en México presupone abordar el tema de la democracia global.
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